Un punto central de la reforma es la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

La reforma judicial en México ha generado un intenso debate nacional e internacional. En una reciente entrevista, el analista y periodista Pedro Miguel ofreció a teleSUR su perspectiva sobre este controvertido tema, defendiendo la necesidad de cambios profundos en el sistema judicial mexicano.

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Según Miguel, el actual movimiento de protesta entre algunos trabajadores judiciales «no es un asunto laboral, es un asunto político». El analista afirma que se busca «paralizar al Poder Judicial para impedir, de manera tardía, una reforma que tiene el apoyo mayoritario y abrumador de la ciudadanía, para limpiar el Poder Judicial que está tomado por una mafia».

El periodista mexicano destaca que el paro laboral es minoritario y no cuenta con el apoyo del sindicato de trabajadores del Poder Judicial. «Estamos hablando quizá de la décima parte o menos de los trabajadores del Poder Judicial», señala Miguel, argumentando que el movimiento, aunque ruidoso, no representa a la mayoría.

Un punto central de la reforma es la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Miguel defiende esta medida argumentando que actualmente, los altos cargos judiciales «son producto de conciliábulos del poder, de una clase política neoliberal muy corrupta, privatizadora que ya no está, que ya perdió el apoyo popular».

“La reforma no afecta los derechos laborales de los trabajadores, sino que apunta a eliminar privilegios excesivos de altos funcionarios judiciales”.

Miguel describe estos privilegios como «percepciones absolutamente obscenas», incluyendo salarios millonarios, gastos de por vida pagados y fondos de jubilación exorbitantes.

Respecto a las críticas internacionales, particularmente de Estados Unidos, Pedro Miguel las califica como una intromisión indebida en asuntos internos mexicanos.

«Es un desfiguro, lamentable porque ha sido un diplomático bastante discreto, bastante respetuoso, y ahora está cerrando su carrera con algo tan impropio, tan grosero», comenta sobre las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar.

Miguel concluye que estas intervenciones extranjeras reflejan la preocupación de intereses transnacionales que temen «perder un bastión de impunidad y protección para sus negocios sucios que ha sido la actual configuración del poder judicial mexicano».

La reforma judicial sigue siendo un tema de intenso debate en México, con implicaciones que trascienden las fronteras nacionales y tocan aspectos fundamentales de la democracia y la justicia en el país.

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